UN OFICIO JUSTICIABLE

Por SANTIAGO GONZÁLEZ
EL MUNDO Sábado, 29.07.17


Ramón Pérez Maura ha publicado hoy una excelente columna en ABC, a propósito de la condena que un tribunal de primera instancia de Zamora ha impuesto a Hermann Tertsch del Valle Lersundi por una tribuna publicada en el diario ABC el día 17 de febrero de 2016 bajo el título ‘El abuelo de Pablo’. Lean:
NO CALLAREMOS
Ramón Pérez Maura
Malos tiempos para la libertad. Se derrumba la Venezuela de Pablo Iglesias y los suyos, mas ellos siguen empleando aquí los tribunales para actuar con un rigor inimaginable en los lugares en los que gobiernan aquellos a quienes han aleccionado las gentes de Podemos. El juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Zamora ha condenado a mi colega y amigo Hermann Tertsch por la publicación en la Tercera de ABC el 17 de febrero de 2016 del artículo “El abuelo de Pablo”. Se le impone una indemnización de 12.000 euros al padre del secretario general de Podemos. La razón de ello es que en aquel artículo Tertsch afirmaba, recogiendo lo ya aparecido en otras publicaciones a las que nadie ha demandado, que Manuel Iglesias Ramírez, abuelo de Pablo Iglesias, fue condenado a muerte por  la desaparición y el asesinato en noviembre de 1936 del marqués de San Fernando y su cuñado Pedro Ceballos, tras la saca perpetrada en su domicilio.
La sentencia no niega que Iglesias participara en esa saca con “el Chaparro”, “el Hornachego”, “el Vinagre”, “el Ojo de Perdiz” y “el Cojo de los Molletes”. Pero sí niega que él asesinara a las dos víctimas pues la investigación sobre la saca fue “archivada provisionalmente” e Iglesias fue condenado a muerte por rebelión militar. Pena, que como explicaba Tertsch en su artículo, le fue conmutada por 30 años de prisión de los que, ya se sabe lo de la dureza del franquismo, sólo cumplió cinco.
Ha sido ésta una causa verdaderamente extraña. Primero porque el padre del secretario general de Podemos presentó su demanda en los juzgados de Madrid, como es lógico por ser esta ciudad la sede de ABC y, sorprendentemente, el tribunal declaró su “incompetencia territorial” y lo despachó a Zamora, residencia del demandante al que no se le debía haber ocurrido acudir directamente al juzgado allí. Después, el día de la vista oral, el 19 de abril de 2017, se decidió celebrar la vista a puerta cerrada. La sentencia no aclara si el motivo de expulsar al público -sin que hubiera habido ningún incidente- fue por proteger el supuestamente ya mellado honor de la familia Iglesias o porque la libertad de información no es un bien protegible cuando se juzga a periodistas.
Al fin la sentencia conocida ahora condena a Tertsch a pagar la indemnización referida y los costes del proceso y “a retirar a su costa de la web y del caché el artículo referido”. No entraré en lo del caché, porque en el diccionario de la Real Academia Española no hay más que dos acepciones de “caché”: la cotización de un artista y la distinción o elegancia de una persona. Y como el pobre Tertsch tenga que hacerse cargo de la distinción y elegancia de la familia Iglesias le aconsejo que opte por pedir conmutar la pena por una de cárcel. 
En cuanto a lo de retirar el artículo de la web, aquí ya hemos llegado a la censura más absoluta, una que supera lo que vemos en Venezuela. ABC es un diario publicado en papel. Los diarios en papel tienen una hemeroteca que sólo se censura en regímenes como el de la fenecida Unión Soviética. Esa hemeroteca de ABC, todas las páginas publicadas desde el 1 de enero de 1903, pueden ser vistas por cualquiera en http://hemeroteca.abc.es/ Ahora el juzgado de Zamora pretende eliminar de la hemeroteca digital el artículo de Tertsch. Y supongo que después irá a la Biblioteca Nacional y también censurará allí nuestras páginas cortando esa Tercera con una cuchilla. Ni Chávez se atrevería a tanto. Llegaremos a volver a publicar portadas con el titular “Este número está visado por la censura” como la aparecida el 16 de octubre de 1935.
Ellos lo tienen claro. No pararán hasta que nos callen. Pero no callaremos.
La columna de Ramón Maura ha venido a sistematizar todas las perplejidades que me han embargado ante el juicio y en la lectura de la sentencia y que había puesto Pedro Muñoz Seca en boca de Don Mendo: “Escuchéla y contemplela,/víla , señora y oíla/ pero cuánto más miréla y más escuchéla/ menos, señora, entendíla”.
No se entiende el extraño criterio territorial. Si los hechos se produjeron en Madrid, donde tiene su sede el diario ABC, en el que se publicó el artículo objeto de la demanda, ¿por qué se juzga en Zamora, lugar de residencia del demandante?¿Por qué la Fiscalía pide que el juicio sea a puerta cerrada? También parece algo extraño que la sentencia haya condenado al procesado por algo que no refuta: que Manuel Iglesias sirviera de guía a los milicianos ‘el Cojo de los Molletes’, ‘el Hornachuelo’, ‘el Ojo de Perdiz’, ‘el Vinagre’ y ‘el Chaparro’ para identificar al marqués de San Fernando y a su cuñado, ya que ambos eran, como él mismo de Villafranca de los Barros. La sentencia niega que Manuel Iglesias fuera condenado a muerte por esa acción como se desprende del artículo objeto de la demanda, estableciendo en la página 17 que ‘El abuelo de Pablo’ contiene “información falsa y expresiones tendentes a desacreditar realizando afirmaciones no veraces tales como que la condena a muerte lo fue por delitos de asesinato y no por rebelión militar, tergiversando la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar la memoria del padre del actor y abuelo de Pablo Iglesias.”
Vayamos por partes. Resulta llamativo que sea Hermann Tertsch el demandado y no los medios que publicaron la historia antes que él, así por ejemplo, la publicación local Hoy Villafranca, que un año antes que Tertsch, el 7 de febrero de 2015, publicó una información bajo el título ‘El abuelo villafranqués de Pablo Iglesias fue juzgado por hacer sacas en el Madrid republicano’. En dicho artículo se cita una publicación anterior de Lagaceta.es, en el que se sostiene lo mismo. Singularmente estos párrafos:
“en la declaración de María Ceballos Zuñiga y Solís, Marquesa viuda de San Fernando, natural de la localidad de Villafranca de los Barros igual que Manuel Iglesias, el abuelo de Pablo Iglesias estaba en la partida de milicianos que el 7 de noviembre de 1936 detuvo a su marido, Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, Marqués de San Fernando, y a su hermano, Pedro Ceballos. Ambos fueron entregados a la checa de milicias situada en la calle Serrano 43 y fusilados en la Pradera de San Isidro.
    Junto al abuelo de Pablo Iglesias estaban, según refieren varias de las declaraciones de implicados y testigos, Ángel Medel Larrea, Manuel Carreiro “el Chaparro”, Jesús Yuste “el Cojo de los Molletes”, Antonio Delgado “el Hornachego” y otros dos milicianos de los que solamente se conoce el apodo “el Vinagre” y “el Ojo de Perdiz”.
    Al día siguiente de la detención fueron varios los empleados y vecinos de la casa de la calle del Prado número 20 los que fueron a pedir explicaciones a Manuel Iglesias, al que conocían los marqueses por ser de la misma localidad. Los testigos son claros en su declaración y explican que el abuelo del líder de Podemos les dijo que no le molestaran más, que lo “habían fusilado en la Pradera del Santo”.
Si estos párrafos no contuvieran verdad debería ser explicado en la sentencia, porque si hay algo perjudicial para la memoria de Manuel Iglesias Ramírez sería su participación en estos hechos tal y como se describen aquí, no la causa por la que fue condenado. Los hechos, no la sentencia. Pondré un ejemplo de lo que quiero decir: el poeta Miguel Hernández fue condenado a muerte en marzo de 1940. La pena fue conmutada y el grandísimo poeta de Orihuela murió en la cárcel dos años más tarde. Nunca he simpatizado con los esfuerzos de sus familiares por lograr la anulación de la sentencia. Creo que esa condena es ominosa para la dictadura franquista, no para la memoria de Miguel Hernández. De análoga manera, lo que puede dañar el honor del actor, Javier Iglesias Peláez, hijo de Manuel y padre de Pablo, son esos hechos que no se niegan, no el error en la causa de la condena. Por otra parte, no se me alcanza en qué puede menoscabar el honor de un hombre que militó en una organización terrorista, el FRAP, según reconocía su propio hijo a la muerte de Santiago Carrillo: “Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP (….) tiene su mérito admirar a Carrillo”.
Hay entre mis amigos algunos ex militantes de una banda terrorista, ETA. La diferencia está en la enmienda. Algunos que militamos en el PCE, admiramos al Carrillo de la transición, al que impulsó en 1956 la Política de Reconciliación Nacional, no al de Paracuellos del Jarama. Espero que esto no me valga una demanda por intromisión en el honor de su familia.

Este está volviendo a ser un oficio arriesgado. Hay que destacar la actitud del diario ABC al recurrir la sentencia. Tertsch se vería en un problema si no contara con el respaldo de su medio. Para afrontarlo con dignidad y con toda la seguridad posible, debería instituirse un Comité de Seguridad Informativa, ante el que los periodistas en nuestros variados oficios pudiéramos presentar nuestras crónicas, entrevistas y artículos de opinión, tal como se hacía en la dictadura, entre 1938 y la Ley de Fraga que suprimió la obligatoriedad de la censura previa y aquella figura que se llamaba ‘consulta voluntaria’. A mí ya me gustaría contar antes de publicar este comentario con un buen Comité de Salud Informativa, quizá una docena de jueces para la democracia, con la encomienda de ‘Táchese lo que no proceda’, que va estando uno muy mayor para disgustos. Mientras, seguiremos haciendo lo que sabemos. Como dice Pérez Maura ‘no nos callarán’.  Quevedo hace ya cuatro siglos: “no he de callar, por más que con el dedo”. La libertad de expresión es lo que tiene, que una vez que se le coge el tranquillo ya no te callan ni atiborrándote de polvorones.
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